Un influyente bufete de abogados panameños advirtió hoy que en Panamá, por la falta de "seriedad y urgencia" para implementar la ley antiblanqueo de capitales, "un sinnúmero de empresas" serán multadas hasta con un millón de dólares.

Se trata del grupo Morgan & Morgan, que explicó a Efe que ha creado un servicio para cumplir con la Ley 23, de abril de 2015, a cargo de una gerente con Certificado Profesional (CPAML) en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

El informe suministrado abunda sobre las obligaciones y responsabilidades a los que se someten desde 2015 los sujetos regulados no financieros a partir de la Ley 23, y advierte que "el incumplimiento de dichas medidas acarrea para la empresa multas que pueden llegar hasta B/.1.000.000,00 (un millón de dólares)".

Detalla que existe ya todo un andamiaje legal para cumplir con la supervisión, pero "lamentablemente, la legislación no ha sido implementada con la seriedad y urgencia que requiere el país y llevará a un sinnúmero de empresas que serán multadas".

De hecho, la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros ha aplicado este año seis sanciones, que van desde una amonestación a la empresa Zhongma International Investment, hasta 300.000 dólares de multa al ahora extinto Bufete MF & Co (Mossack Fonseca, centro del escándalo de los papeles de Panamá).

Al bufete Franco & Franco se le impuso una multa de 30.000 dólares y DHL Global Fordwarding (Panamá), Welco International Corporation e Inversiones Rapi Rapi S.A. recibieron, cada uno, 5.000 dólares de multa, según la página web de la Intendencia.

Sobre la vulnerabilidad al blanqueo, la firma explica que la evaluación nacional al respecto identificó que "la principal amenaza en Panamá de blanqueo de capitales es externa, por delitos cometidos en el exterior".

"Sin embargo, nos hace vulnerables, ya que somos un país de tránsito y nuestra economía está centrada en los servicios. Dicha Evaluación Nacional de riesgo establece que los sectores de mayor riesgo son la Zona Libre de Colón, por ser la de mayor flujo comercial, el sector inmobiliario y de construcción, y el sector de servicios profesionales", acotó.

Con relación al sistema bancario, añadió, "éste tiene una alta exposición al riesgo, sin embargo, no es considerado de alto riesgo, ya que es el sector con mayor trayectoria en la implementación y supervisión de las medidas preventivas contra el blanqueo de capitales".

Apuntó que la ley obliga a capacitar a los empleados "de manera continua y específica" sobre las diferentes "tipologías, casos y regulaciones del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva".

Esto, a su vez, "dependerá del tipo de negocio y el volumen de transacciones", aclaró.

Especificó que dos aspectos motivaron a Grupo Morgan a crear su unidad de cumplimiento.

"Por un lado, aprovechar las experiencias y la pericia que hemos adquirido en nuestra práctica de ofrecer servicios y productos legales en diversas jurisdicciones. Por otro lado, sin menospreciar la oportunidad de negocios, estaba la necesidad de ayudar a las empresas reguladas por la Ley 23 de 2015 a que cumplan con lo que dicha ley exige en cuanto a conocer a su cliente y el origen de sus fondos".

A pesar de los avances del país en su lucha contra el blanqueo, la fuente admite que "aún tenemos mucho trabajo que hacer" en los sujetos no financieros.

Recordó que estos son las empresas de Zona Libre de Colón, Zonas Francas, empresas en la Agencia Panamá Pacífico, empresas promotoras, agentes inmobiliarios, constructoras, empresas de compra y venta de autos nuevo y usados, entre otros.

Además, las actividades profesionales sujetas a supervisión: abogados, notarios y contadores.

EFE